El Tribunal Supremo anula el Real Decreto de universidades: un respaldo a la labor desarrollada por ACADE durante los últimos dos años

8 Oct

El Tribunal Supremo anula el Real Decreto de universidades: un respaldo a la labor desarrollada por ACADE durante los últimos dos años

- - Adjuntamos la nota de prensa ACADE_NP_Tribunal_Supremo_Anulacion_RD_Universidades

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025, que endurecía los requisitos de reconocimiento, creación y autorización de universidades en España y que afectaba muy directamente a las universidades privadas. El Supremo estima el recurso presentado por el Gobierno de Islas Baleares y declara la nulidad de todo el Real Decreto, por haberse aprobado mediante una tramitación urgente injustificada, suprimiendo indebidamente la consulta pública previa.

El mensaje que lanza el Tribunal Supremo es contundente: el Gobierno no puede utilizar una urgencia insuficientemente justificada para eliminar la participación pública en la elaboración de una norma de esta trascendencia. Se trata de una Sentencia de enorme relevancia jurídica y estratégica para el sistema universitario español, que obliga a reconsiderar los proyectos y expedientes afectados por la reforma anulada.

ACADE, dos años de trabajo en defensa de las universidades privadas

Desde el primer momento que se conocieron los términos de este Real Decreto, ACADE desarrolló una enorme actividad política y pública para evidenciar su impacto negativo en el sector universitario. Han sido aproximadamente dos años de trabajo con distintas Administraciones públicas, grupos parlamentarios y organizaciones empresariales, logrando, además, que varias comunidades autónomas presentaran un Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Supremo.

La sentencia pone en valor la importancia de las cuestiones que ACADE ha venido señalando durante este tiempo y abre un nuevo escenario para la regulación del sistema universitario.

Para ACADE, esta resolución supone además un reconocimiento de la importancia de mantener una interlocución constante con las instituciones y defender de forma activa los intereses de los centros y universidades privadas.