ACADE teme por la definitiva desaparición del sector privado de centros de educación infantil 0-3 años con la entrada en vigor de la Ley Celaá
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Son más de 5.000 empresas que emplean a 50.000 trabajadores y escolarizan a 205.000 niños.
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ACADE ha solicitado al Gobierno una reunión urgente con participación de todas las organizaciones afectadas, sin recibir respuesta alguna hasta la fecha.
NdP. Madrid, 11 de enero 2021.– Con la publicación en el BOE de la LOMLOE el pasado 30 de diciembre, también llamada Ley Celaá,, ha entrado en vigor la Disposición Adicional Tercera de esta norma que establece que “en el plazo de un año el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil, de manera que avance hacia una oferta pública suficiente (…) En su progresiva implantación se tenderá a la extensión de su gratuidad”.
Según Ignacio Grimá, presidente del Sector de ACADE para Centros de Educación Infantil, “ACADE comparte plenamente la extensión de la gratuidad en esta fase educativa, pero considera que tal objetivo debe alcanzarse contando con la existencia de una red de más de 5.000 escuelas infantiles privadas que dan trabajo a más de 50.000 profesionales de alta cualificación, mujeres en su mayoría, y que escolarizan a 205.000 niños, lo que ha permitido a sus padres la conciliación efectiva de la vida laboral y familiar”.
“Comprometer el futuro de todos estos profesionales revela una absoluta falta de sensibilidad hacia unas empresas y trabajadores que hasta la fecha no han recibido nada de la Administración Central”, subraya Grimá.
Para hacer compatible la gratuidad con la protección del tejido empresarial educativo, ACADE ha propuesto financiar este ciclo mediante sistemas de ayudas directas a las familias, como pueden ser bonos escolares, deducciones fiscales al gasto en este capítulo o una combinación de ambos.
Suma a los estragos de la pandemia
Este modelo, que ya es aplicado por algunas comunidades autónomas como Madrid y Valencia, permitiría además financiar cada plaza de la escuela infantil a un precio más asequible que si se creara una red de escuelas públicas dependiente de los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma.
Ignacio Grimá ha manifestado su preocupación por la posible desaparición definitiva del sector con la entrada en vigor de la Ley Celaá, “que se viene a sumar a los estragos producidos en nuestras empresas por la pandemia, y que ha ocasionado que el 15 por ciento de las escuelas infantiles privadas se mantengan cerradas, mientras que un porcentaje que oscila entre el 50 y el 70 por ciento tiene seriamente comprometido su futuro”
Por último, ACADE recuerda que hace apenas un mes las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector se dirigieron a la ministra de Educación para solicitarle la constitución urgente de la Mesa Sectorial donde se puedan tratar los graves problemas que aquejan a los Centros de Educación Infantil, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta alguna.
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