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ACADE solicita a las consejerías el mantenimiento de las ayudas a la escolarización de 0 a 3 años para evitar el cierre de centros y destrucción de empleo

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NdP. 20/03/2020.- La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) advierte que la crisis del COVID-19 está agravando la supervivencia de más de 3.000 centros privados de educación infantil que existen en España, en su mayoría pequeñas empresas de carácter familiar, y la permanencia de cerca de 30.000 empleos, generalmente profesionales jóvenes y, en un 90 %, femenino.

Por ello, ACADE ha solicitado a las consejerías y ayuntamientos el mantenimiento íntegro de las ayudas y bonos para la escolarización de niños de 0 a 3 años mientras dure el estado de alarma y la suspensión de las clases por la crisis del COVID-19.

Agravante de la economía familiar

Además, subraya la Asociación, la desaparición de estas ayudas a la escolarización supondría un agravante también para la economía familiar, que en muchos casos tiene que enfrentarse a ERTES, despidos o reducciones de salarios por la crisis del COVID-19, y sin estas ayudas tendrían que abonar íntegramente el precio de la escuela infantil. 

La desaparición de este sector educativo supondría un agravante más para la situación económica que se avecina al Estado ya que si la educación pública tuviera que escolarizar los más de 154.000 alumnos de 0 a 3 años que estudian en estos centros privados, el gasto público educativo debería aumentar en unos 1.160 millones de euros al año, una décima del Producto Interior Bruto español actual.

ACADE ya advirtió antes de la crisis del COVID-19 que se estaba produciendo un continuado cierre de centros, a un ritmo de dos por semana, por lo que la situación a raíz de esta crisis será mucho más dramática si no se toman medidas que protejan al sector.

El sector privado de educación infantil ya se encontraba, en circunstancias normales antes de la crisis del COVID-19, especialmente castigado debido a la existencia de las llamadas madres de día, centros de ocio infantil como ludotecas y distintos establecimientos que, sin contar con la autorización educativa de las consejerías, actúan como escuelas de educación infantil sin serlo.

A esto hay que sumarle el retraso del pago de los bonos escolares a los centros por parte de las consejerías en algunas comunidades autónomas, especialmente en la comunidad valenciana, que acumula meses de atrasos haciendo insostenible la situación económica de estos centros.

 

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