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ACADE alerta del triple impacto de las nuevas ratios: cierre de escuelas infantiles privadas, destrucción de empleo y menos opciones para las familias  

 

NOTA DE PRENSA

 

ACADE alerta del triple impacto de las nuevas ratios: cierre de escuelas infantiles privadas, destrucción de empleo y menos opciones para las familias  

 

La organización reitera su respaldo a cualquier medida que mejore la calidad educativa y las condiciones laborales de los profesionales, pero reclama que las reformas se adopten desde el consenso, con financiación suficiente y sin comprometer la viabilidad de los centros.

Madrid, 22 de octubre de 2026 – ACADE hace público su informe, basado en datos y cifras oficiales a nivel nacional, sobre el impacto de la propuesta del Ministerio para modificar las ratios alumno-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil. La organización, que ya ha venido alertando públicamente en diversas ocasiones de las graves consecuencias que esta iniciativa puede tener para el sector, insiste en que comparte el objetivo de mejorar la calidad educativa, reforzar la atención al alumnado y avanzar en mejores condiciones para los profesionales. Sin embargo, considera que cualquier reforma de esta envergadura debe construirse desde el diálogo con el sector, acompañarse de una memoria económica realista y garantizar que su aplicación no provoque el cierre de centros ni un incremento inasumible de los costes para las familias.

Según el informe, la propuesta ministerial reduciría la relación alumno-profesor hasta 4 alumnos en el tramo de 0-1 años, 6 alumnos en 1-2 años y 8 alumnos en 2-3 años, imponiendo además la denominada «pareja educativa» en las aulas. A juicio de ACADE, esta medida supondría un incremento drástico de los costes laborales y una reducción de la capacidad de escolarización de los centros, especialmente en los tramos de 1-2 y 2-3 años.

El estudio concluye que, en distintos escenarios analizados, una escuela infantil privada pasaría de operar con márgenes muy ajustados a registrar pérdidas anuales de entre 55.000 y 90.000 euros. Para garantizar su viabilidad, los centros se verían obligados a incrementar las cuotas del alumnado entre un 40% y un 50%, una situación que la organización considera completamente injusta e inasumible para buena parte de las familias españolas.

Desaparición de la oferta educativa

ACADE advierte de que el impacto no recaería únicamente sobre los titulares de los centros. Actualmente, la red privada escolariza a 224.405 alumnos, lo que representa el 46,3% del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil. La desaparición de una parte sustancial de esta oferta educativa podría dejar sin plaza a miles de familias y generar serias dificultades en el desarrollo pedagógico de los niños y niñas de 0-3 años y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Asimismo, el informe alerta de que la medida podría poner en riesgo alrededor de 60.000 puestos de trabajo y comprometer la continuidad de 5.345 centros privados que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en toda España. La organización se pregunta además cómo podría la red pública absorber una eventual demanda adicional de esta magnitud cuando la propia propuesta ministerial también reduciría su capacidad de escolarización.

Para ACADE, cualquier mejora de la calidad educativa debe ir necesariamente acompañada de los recursos económicos suficientes para hacerla viable. De lo contrario, se corre el riesgo de provocar el efecto contrario al pretendido: menos plazas disponibles, centros cerrados, pérdida de empleo y mayores dificultades de acceso a la educación infantil para miles de familias.

«La calidad educativa, la atención personalizada al alumnado y la mejora de las condiciones laborales son objetivos compartidos por todo el sector. Pero no pueden alcanzarse a costa de poner en peligro la viabilidad de las escuelas infantiles ni trasladando a las familias un coste que no les corresponde asumir», subraya ACADE.

La organización reitera su disposición al diálogo y solicita al Ministerio que reconsidere una propuesta que, en su redacción actual, podría tener consecuencias muy graves para las escuelas infantiles, los trabajadores del sector, las familias y los más de 224.000 niños y niñas que actualmente cursan el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados.

 

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