ACADE en defensa de la exención del IVA en la enseñanza privada
El anuncio del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado ha despejado una de las dudas que sobrevolaba sobre el debate político y económico en las últimas semanas. El Gobierno no eliminará la exención del IVA a la educación privada, por lo menos de momento. Esta noticia nos permite respirar aliviados a las organizaciones que representamos al sector, pero, por desgracia, tenemos que seguir manteniendo la tensión y la atención por lo que pueda ocurrir en el futuro. Debemos seguir atentos porque tememos que la tentación de encarecer y dificultar el acceso a la educación privada aparezca de nuevo durante la tramitación de estos presupuestos o en futuras ocasiones. Esa amenaza puede volver por una razón que hemos constatado en los últimos días: y es que los debates suelen quedar ensombrecidos por una cuestión subjetiva que tacha a la educación privada como elitista, dejando al margen y minusvalorando el importante servicio educativo que ofrecen a tantísimas familias.
Nada más alejado de la realidad. Los que creen que educación privada y servicio público es un oxímoron no tienen en cuenta que el sector engloba a las escuelas infantiles de 0 a 3 años y a los comedores escolares que permiten la conciliación de muchas familias jóvenes, a los programas de formación continua en el empleo que ayudan a actualizar las habilidades de los trabajadores o las academias de idiomas que abren tantas posibilidades a los hijos de la clase media y trabajadora. Muchos tampoco tienen en cuenta que el 41 % de los estudiantes que tienen necesidades especiales, y necesitan la atención temprana de logopedas, psicólogos y fisioterapeutas, estudian en centros privados o que la mayoría de actividades extraescolares y artísticas como danza, pintura o estudios musicales las imparten iniciativas privadas. Para cifrar la magnitud del alcance solo hay que tener en cuenta que son más de 3 millones de personas las que forman parte de la educación reglada privada y 2 millones los usuarios de los servicios formativos no reglados.
Seguramente muchas personas no habían tenido en cuenta el verdadero alcance de la educación privada y cómo podría afectar a sus vidas y a sus bolsillos la eliminación de la exención del IVA a estos servicios. Utilizando los cálculos sobre los costes educativos, podemos cifrar el impacto de la medida en un aumento del gasto medio familiar por cada hijo, que puede oscilar entre los 1.200 y los 1.400 euros, una inversión extra significativa en una situación de crisis como la actual.
Pero la educación privada no es solo un factor clave para la economía de la mayoría de las familias sino también para la del país y para sus planes de reconstrucción. En este sentido, el Gobierno español debe prestar especial atención a la Unión Europea y a la hoja de ruta que ha marcado para que los estados y también las iniciativas privadas pongan en marcha estrategias que fomenten la productividad de los países, reduzcan la huella ecológica de la actividad y ayuden a transitar hacia economías plenamente digitalizadas. Para lograr estos desafíos es fundamental que España despliegue todo su potencial para dar respuesta al reto de formar a los 10 millones de trabajadores españoles que según la OCDE necesitan adaptarse a los trabajos del futuro próximo. Contar con la educación privada para conseguir este desafío es indispensable ya que el 80% de la formación continua de los trabajadores españoles está soportada por iniciativas privadas.
Por todo ello, las organizaciones que representamos a la educación privada creemos que hay que desterrar de forma definitiva la posibilidad de eliminar la exención del IVA educativo y dificultar la formación para centrarnos en los verdaderos retos que se nos presentan como país. No contribuye a la educación quien genera incertidumbre en el sector que la hace posible. Creemos que nuestras energías y las del Gobierno de España se deben centrar en aglutinar y coordinar a todos los actores implicados en la formación para aprovechar la oportunidad que nos brindan los planes de la Unión Europea y fortalecer el sistema español de educación. Tenemos mucho trabajo por delante y si queremos hacerlo bien no podemos perder ni un segundo a la hora de digitalizar las aulas, desplegar medidas de higiene y seguridad en nuestras instalaciones y, por supuesto, ofrecer una formación de calidad y adaptada al futuro.
Está en la mano de las instituciones políticas y en las de enseñanza ofrecer a los estudiantes, los trabajadores y los desempleados las herramientas necesarias para que puedan transformar su esfuerzo en logros colectivos e individuales. No podemos permitirnos perder el tren de la modernización y la excelencia educativa, de lo contrario estaremos condenando a nuestro país a un tránsito de décadas a través de un fatigoso camino lleno de dificultades.
Organizaciones firmantes
Juan Santiago – ACADE; Alfonso Aguiló – CECE; Elena Cid – CICAE; Manuel González – CONCEE; Juan Cayón – Foro Emilia Pardo Bazán.
