El presidente de ACADE se reune con la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid
El presidente de ACADE, Juan Santiago, se reunió con Engracia Hidalgo, Consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Juan Santiago agradeció a la Consejera la ampliación de la desgravación fiscal por gastos educativos al primer ciclo de educación infantil y solicitó, para próximos ejercicios, el incremento de la deducción por gastos de escolaridad prevista a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el tramo autonómico de Madrid, en los siguientes términos:
1) El porcentaje de deducción aplicable, incrementándolo desde el 15% actual hasta el 25%.
2) El límite máximo de la deducción, incrementándolo desde los 900 euros actuales hasta 1.500 euros.
3) El límite de renta familiar, incrementándolo desde los 30.000 euros por miembro familiar actuales hasta un importe de 50.000 euros.
El presidente de ACADE comunicó a la Consejera la enorme preocupación e incertidumbre que se ha generado en el sector de la educación infantil privada, con la inclusión en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2019 de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil en la red de escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid.
La Consejera explicó que la medida se aplica exclusivamente a la red de escuelas infantiles públicas de la comunidad y solo afecta al concepto de escolaridad. También manifestó que no hay voluntad de crear nuevos centros públicos y sí de ayudar a la red privada de centros de educación infantil. Para Engracia Hidalgo, el sistema de becas y deducciones implantado en la Comunidad de Madrid es un modelo a seguir por otras comunidades autónomas.
Finalmente, en relación a la enseñanza no reglada de idiomas, Juan Santiago puso sobre la mesa la necesidad de una revisión del Decreto 84/2004, de 13 de mayo, por el que se regula el derecho a la información y la protección de los derechos económicos de los alumnos que cursen enseñanzas no regladas, para adecuarlo a las nuevas realidades y cambios sociales y tecnológicos, ya que, tras catorce años de aplicación, muchos aspectos han quedado obsoletos y otros son gravemente perjudiciales para los centros que cumplen la normativa, frente a la proliferación indiscriminada de centros ilegales.