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ACADE denuncia un nuevo intento de restringir la Formación Profesional privada y alerta del grave perjuicio para los estudiantes

 

Nota de Prensa

 

ACADE denuncia un nuevo intento de restringir la Formación Profesional privada y alerta del grave perjuicio para los estudiantes

 

Madrid, 29 /09/2026.- La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) expresa su más enérgico rechazo al nuevo proyecto normativo para regular los centros privados de Formación Profesional, ya que se trata de una iniciativa más que impondrá mayores exigencias y un endurecimiento de las condiciones para la impartición de estas enseñanzas por parte de los centros privados, sin que la mayoría de dichas exigencias sean exigibles a su vez a centros públicos.

Para ACADE, este proyecto constituye un nuevo episodio de una política educativa caracterizada por la desconfianza hacia la iniciativa privada y por la adopción de medidas que, lejos de favorecer la mejora del sistema educativo, suponen una limitación de la libertad de enseñanza y empresa, de la capacidad de elección de las familias y de las oportunidades formativas de miles de estudiantes.

La asociación considera especialmente grave que el Gobierno vuelva a presentar una reforma que afecta a parte del sector, el de centros privados de Formación Profesional, utilizando una narrativa basada en la existencia de supuestos problemas generalizados en los centros de titularidad privada. Bajo la pretensión de mejorar la calidad y combatir casos puntuales de malas prácticas, se proyecta una imagen injusta y profundamente perjudicial sobre miles de centros autorizados que desarrollan su actividad con profesionalidad, rigor y estricto cumplimiento de la normativa vigente.

ACADE rechaza frontalmente la tendencia creciente a identificar la calidad educativa exclusivamente con un mayor intervencionismo administrativo en los centros de iniciativa privada. La calidad no se garantiza mediante más burocracia, más restricciones o más obstáculos regulatorios. La calidad se garantiza mediante la exigencia académica, la cualificación del profesorado, la innovación metodológica, la conexión con las empresas y la empleabilidad de los titulados, ámbitos en los que los centros privados vienen realizando una aportación decisiva al desarrollo de la Formación Profesional en España.

Resulta particularmente preocupante que el Ministerio plantee nuevas obligaciones de presencialidad para modalidades formativas que han permitido ampliar el acceso a la educación a miles de personas que, por razones laborales, familiares o geográficas, difícilmente podrían incorporarse a modelos tradicionales de enseñanza. Según el contenido del proyecto, la nueva regulación obligará a incorporar porcentajes significativos de formación presencial en los ciclos a distancia y semipresenciales.

Para ACADE, esta medida supone un evidente retroceso en términos de flexibilidad educativa y adaptación a la realidad social y económica del siglo

XXI. La Formación Profesional online no ha sido un problema para el sistema educativo español; ha sido una de las soluciones que han permitido atender la enorme demanda de cualificación profesional existente en nuestro país.

Miles de estudiantes compaginan actualmente su formación con una actividad laboral, responsabilidades familiares o circunstancias personales que hacen inviable una asistencia presencial frecuente. Son precisamente estos alumnos quienes resultarán más perjudicados por unas medidas que reducirán la accesibilidad de la oferta formativa y limitarán sus posibilidades de mejora profesional.

La asociación considera igualmente inaceptable que se continúe señalando de manera recurrente a la enseñanza privada como objeto prioritario de nuevas regulaciones, controles y restricciones. Mientras los centros privados han contribuido decisivamente al crecimiento de la Formación Profesional, realizando importantes inversiones en tecnología, infraestructuras, recursos pedagógicos y colaboración con las empresas, la respuesta de la Administración parece centrarse una vez más en aumentar las cargas regulatorias que soporta el sector.

ACADE recuerda que la Formación Profesional privada forma parte del sistema educativo español, está plenamente integrada en la red de centros autorizados y desempeña una función esencial para garantizar que miles de estudiantes puedan acceder a estudios altamente demandados por el mercado laboral. Cuestionar permanentemente su labor o generar dudas sobre la calidad de la enseñanza que imparten supone un grave error que perjudica tanto a los centros como a los alumnos y empresas que confían en ellos.

La organización considera que, si existen incumplimientos o irregularidades en determinados centros, sean de iniciativa pública o privada, la Administración dispone ya de mecanismos de inspección, supervisión y sanción para actuar con contundencia sobre quienes vulneren la normativa. Lo que resulta inaceptable es que esos casos concretos sirvan como argumento para imponer nuevas limitaciones, solo al sector privado, que cumple con sus obligaciones y que constituye uno de los principales motores del crecimiento de la Formación Profesional en España.

ACADE estudiará en profundidad el texto sometido a audiencia pública y presentará todas las alegaciones que resulten necesarias para defender los derechos e intereses de los centros privados, la libertad de enseñanza y el acceso de los estudiantes a una oferta formativa diversa, flexible y de calidad.

La asociación hace un llamamiento al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para que abandone las políticas basadas en la desconfianza hacia la iniciativa privada y abra un verdadero proceso de diálogo con los representantes del sector educativo.

La Formación Profesional española necesita estabilidad, colaboración y confianza mutua entre todos los agentes educativos. Lo que no necesita es una nueva regulación que penalice a quienes han contribuido decisivamente a su expansión, modernización y éxito durante los últimos años.

 

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