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ACADE firma el XII convenio colectivo estatal de educación infantil para asegurar la supervivencia de los centros

ACADE, junto con las patronales EyG, CECE, CECEI y FCIC, y los sindicatos FESP-UGT, FSIE y USO ha firmado hoy miércoles 22 de mayo el XII Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil. Los efectos económicos comienzan el 1 de junio de 2019, aunque las empresas tienen un plazo de tres meses desde la publicación en el BOE para hacer efectivas las subidas, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

En los centros privados de gestión directa establece un incremento salarial para el Educador Infantil en los próximos tres años del 8,54%, siendo en 2019 del 5,54 %; en 2020 el 2% y en 2021 el 1%. Para maestros y otros titulares superiores la subida es de un 2 % en 2019, y otro en 2020; en 2021 del 1 % o IPC. El resto de categorías se ajustarán al SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Es importante reseñar que no hay revisión salarial en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, por ello no hay que realizar ningún pago con carácter retroactivo.

La firma de este convenio colectivo, cuya negociación ha sido larga y no exenta de dificultades,  rompe con 7 años de congelación salarial, y contempla no solo una mejora de los salarios sino que asegura la viabilidad de los centros de educación infantil privados en un momento difícil, garantizando con ello el mantenimiento de miles de puestos de trabajo.

Desde ACADE somos conscientes de la difícil situación que atraviesa el sector y seguimos trabajando para dar a conocerla a todas las administraciones. El cierre continúo de centros, las políticas de financiación de la gratuidad, el descenso de la natalidad, la extensión de aulas de 2-3 años en colegios públicos, y la competencia desleal de centros no autorizados, son solo algunos ejemplos de los problemas que afectan a los centros de educación infantil.

A pesar de ello,  ACADE ha apostado siempre  por la negociación y el diálogo con todos los interlocutores sociales para, por un lado, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, y por otro  garantizar la supervivencia de las escuelas y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

 

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